La confusión en las cabezas, observada por Ortega, viene de que, por mas de un siglo, las democracias de Occidente han sido democracias liberales: sus sistemas políticos se distinguían no sólo por tener elecciones periódicas, libres y justas, sino también por la protección a los derechos ciudadanos de los posibles abusos de los que gobiernan. Esta protección consistía en el claro reconocimiento de los derechos, en dividir los poderes del estado para evitar la concentración y en establecer barreras, frenos y contrapesos entre ese poderes. Llaman liberalismo constitucional a este último conjunto de características políticas porque se tiene a la constitución como el primer instrumento de los ciudadanos para poner límites a los gobernantes.

Como es sabido, lo estrictamente democrático, la respuesta a la primera pregunta de que habla Ortega, comenzó con los antiguos griegos. Entre ellos el ejercicio del poder público llegó a corresponder a la colectividad de los ciudadanos reunidos en enorme asamblea. ¿Respondieron a la segunda pregunta los antiguos griegos? Sí. Lamentablemente su respuesta fue que el poder de la asamblea no tenía límite alguno. Lo podía todo. Este grave error los llevó al derrumbe de su democracia. Fueron tales los atropellos que la palabra democracia quedó por mucho tiempo significando gobierno de turbas enardecidas.

Lo que ahora llaman liberalismo constitucional duró siglos en perfilarse. Tomó de los grandes filósofos griegos posteriores al fracaso de su democracia. Tomó de Roma. Asimiló los altos valores de la tradición judeo-cristiana. Tomó de los pueblos bárbaros que invadieron Europa tras la desarticulación del Imperio Romano. A medida que avanzaba la Edad Media se asentaban costumbres que ponían límites a la autoridad de los reyes (en mi libro "La democracia en nuestra historia" recorro con mucho mas detalles este largo proceso; también el de los antiguos atenienses hacia su democracia).

Esto explica que en Europa y en los Estados Unidos se estableciese primero el liberalismo constitucional y después la democracia. La ampliación del número de ciudadanos a quienes se permitía votar fue lenta y paulatina. Como dice un autor, el símbolo del modelo occidental de gobierno no era el plebiscito sino el juez imparcial. La preocupación política de poner límites y barreras a los que gobiernan para que no pisoteen los derechos de los ciudadanos es una preocupación que no ha andado siempre de la mano con elecciones y votos.

Ahora estamos presenciando que la preocupación por elecciones y votos no está andando de la mano con la preocupación por los derechos ciudadanos. En un reciente artículo de la revista Foreign Affairs titulado "The Rise of Illiberal Democracy", el politólogo Fareed Zakaria llama la atención hacia el fenómeno contemporáneo de la multiplicación de las democracias no liberales. Sistemas políticos que se basan en el voto y la elección (algunos tal vez sólo en apariencias) pero conculcan los derechos de sus ciudadanos. Democracias en las que el poder político tiende a concebirse, como en la antigua Atenas, sin frenos ni barreras.

Zakaria señala que en Africa han tenido lugar muchas elecciones en los años recién pasados, pero la libertad de sus habitantes ha quedado mal parada. En el Asia Central, las elecciones han dado por resultado poderes ejecutivos demasiado fuertes frente a poderes legislativos y judiciales demasiado débiles, así como escasas libertades civiles y económicas para la población. En el mundo islámico la "democratización" ha llevado a teocracias que erosionan con rapidez una larga tradición de tolerancia.

América Latina no es excepción. Un estudio de 1993 del politólogo Larry Diamond, de la Hoover Institution, señala que en 10 de los 22 principales países de la región se violan los derechos humanos a niveles incompatibles con la consolidación de la democracia (liberal). El caso más patente, por supuesto, es el de Alberto Fujimori en el Perú, quien, tras ser electo en comicios libres, desbandó al legislativo y suprimió la constitución; volvió a ser electo para un segundo período y ahora pretende reformar la constitución ­saltando por encima de trabas legales­ para quedarse en un tercer período.

En otras partes del mundo, viejos conflictos étnicos y religiosos parecen esconderse tras esta multiplicación de democracias no liberales. Las elecciones dan una apariencia de legitimidad a los que buscan resolver esos conflictos por la fuerza.

En América Latina, la tendencia a concentrar los poderes del estado y a olvidarse de sus límites suele ser justificada con el argumento de que hace falta un "gobierno fuerte" para poder "componer" al país. La excusa no es nueva: antes se querían "gobiernos fuertes" para que pudiesen llevar a cabo todas la nacionalizaciones que la ideología de moda de la época exigía; ahora se pide lo mismo para deshacer aquellas nacionalizaciones.

No hay duda de que el gobierno debe tener la fortaleza necesaria para gobernar eficazmente. Fortaleza para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, no para olvidarlos, reducirlos o pisotearlos. Fortaleza afianzada primordialmente en la legitimidad y en la capacidad de guiar. Gobernar es educar. Quien quiera saber si un gobierno es bueno o malo, pregúntese si educa. Fortaleza siempre bajo el imperio de la ley.

Esto último es lo que ignoran o quieren ignorar los proponentes de un "gobierno fuerte": para ellos lo importante es hacer lo que hace falta para componer el país y, cuanto menos trabas y límites tenga el gobernante, más eficaz será. La "fuerza" que se busca es la de poder imponerse. Sin embargo, parece que los amigos peruanos, que un tiempo pensaron así, ahora están comenzando a arrepentirse de haberse dado una democracia no liberal.

Tener un gobierno electo por el pueblo en elecciones libres es un laurel sobre el que no hay que dormirse. Quedan muchas otras cosas que atender para darse (los que no la tienen) o para preservar (los que ya la tienen) una democracia liberal o constitucional o como se la quiera llamar, una democracia que ponga límites a los gobernantes.